Las redes WiFi, al código penal

Este año, la reforma penal ha revisado y aumentado sensiblemente su apartado tecnológico. El gobierno se ha puesto decididamente duro con los que piratean emisiones de pago y con las tarjetas piratas; el Ministerio de Educación y Ciencia se ha acordado de los responsables de páginas que puedan acoger material con copyright y, finalmente, le han echado el ojo al WiFi: aquellos que regalen parte de su ancho de banda a través de redes inalámbricas de código abierto podrán recibir penalizaciones de hasta un año de cárcel.

Las cláusulas del contrato ya lo dicen: Queda expresamente prohibida la realización de actos de reventa o comercialización del Servicio a terceros ajenos a la prestación del Servicio, o, en cualquier caso, de compartición de recursos fuera del domicilio para el que haya solicitado la provisión del Servicio. En los contratos de Terra también se prohíbe el uso del servicio fuera del domicilio en el que ha sido contratado. Claramente, el servicio ADSL que proporcionan estas compañías atañe única y exclusivamente al domicilio o la oficina que figura en los documentos. Las redes ciudadanas 802.11 faltan al convenio; están fuera de la ley.

Los primeros síntomas

No es la primera vez que pasa, ni España es el primer país en el que se da la alarma corporativa. Hace unos meses, Time Warner Cable envió a algunos de sus usuarios de cablemódem un aviso en el que se advertía que compartir redes wireless con terceros (personas que no pagan los servicios de la casa) violaba una de las cláusulas del contrato firmado. ?Tratamos de impedir que la gente redistribuya el servicio que nosotros les vendemos?, afirmaba Barry Rosenblum, presidente de Time Warner Cable en la ciudad de Nueva York. ?El problema son las personas que amplían la señal fuera de sus casas, para compartirla con otros?.

En los Estados Unidos, los grupos de redes ciudadanas en cada estado son legión. Parques, oficinas, cafés, bibliotecas, barrios enteros y, en algunos casos, hasta aeropuertos, cubren su área con redes de conexión inalámbrica para beneficio de trabajadores, amigos o completos -y afortunados- desconocidos. Frente a la presión de los proveedores, defienden su derecho a utilizar estos servicios en favor de la comunidad, animando a los usuarios a aliarse y construir redes más y más grandes. Algunas operadoras locales ya se han definido a favor del WiFi, considerando que las pérdidas ocasionadas por los ?turistas? de su red son un mal menor, comparadas con el número de clientes que ganan en el cambio.

La ley española protege al proveedor

En España, sin embargo, el conflicto es nuevo. Las redes WiFi se han ido desarrollando despacio, en la sombra de la ?alegalidad?, en algunos casos como iniciativas de colectivos pequeños y autorregulados; en otros, como organizaciones específicas para el desarrollo de comunidades wireless como la propia Madrid Wireless. Hoy empiezan a ser tan grandes que hasta el gobierno se ha tenido que implicar.

Para las operadoras, cada internauta sin contrato que se conecta a una red inalámbrica supone dos problemas: primero, se trata de un cliente perdido, puesto que nadie paga por aquello que puede conseguir gratis. Por otra parte, cuanta más actividad se genera a través de una conexión, más ancho de banda se necesita. Si por cada cliente de Telefónica se realizan tres conexiones, el ancho de banda necesario es el triple. Y eso es un gasto que las empresas no están dispuestas a admitir.

Los usuarios de este tipo de redes, por su parte, argumentan que una sola persona rara vez aprovecha el 100% del ancho de banda que ha contratado. Por lo tanto, está en su derecho de redistribuir el que no utiliza, fomentando el uso de Internet y contribuyendo a la comunidad. En algunos foros se acusa a los proveedores de ofrecer mucho menos ancho del que especifica el contrato, amparándose en una cláusula por la que sólo se garantiza el 10% del ancho contratado. De este modo, denuncian algunos, pueden ?revender? el ancho de banda que no se utiliza a otros clientes, repartiendo finalmente una cantidad muy inferior a la que corresponde. Si tuvieran que dar de hecho todo el servicio que ofrecen, tendrían que contratar muchas más redes de las que tienen actualmente. Pero eso ?defienden las redes wireless- no es responsabilidad del usuario, que ha pagado de antemano; es el sino de la empresa, que no debería vender algo que no tiene.

Las operadoras de cable, aún más duras

Podría ser peor. Algunas operadoras de cable, como es el caso de Auna Cable o Esukaltel, también prohíben las redes domésticas. Los clientes que han solicitado asesoramiento para poner sus ordenadores en red, se han llevado una desagradable sorpresa: a un ordenador, un contrato. Ni siquiera dentro del propio domicilio se permite conectar más de un ordenador a la misma red.

De momento, los abanderados del WiFi no se achantan. Mientras la gran mayoría se ampara en las dificultades técnicas que supondría el seguimiento de sus redes para ser penalizadas, los más pesimistas se preguntan si el gobierno decidirá tasar las tarjetas inalámbricas o los mismos contratos con un canon, al igual que hizo la SGAE con las casettes o las cintas de video. Por si acaso.

Marta Peirano para GSMBox, Mayo 2003